Crónica Cataluña.

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Abogados y funcionarios critican encarcelamiento de reos con enfermedades mentales.

Abogados y funcionarios critican encarcelamiento de reos con enfermedades mentales.

En un reciente informe de salud pública, se ha encontrado que cerca del 60% de los reclusos en las prisiones de Catalunya padecen algún tipo de trastorno mental. Este alarmante dato surge en el contexto de un inquietante incidente sucedido en el Centre Penitenciari Quatre Camins, ubicado en La Roca del Vallès, donde la violencia entre internos se hizo evidente cuando dos prisioneros agredieron a otro con una barra y un disco de pesa.

El abogado Xavier Bosch, quien representa a uno de los agresores, A.R., ha denunciado que su cliente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, con una discapacidad reconocida y graves trastornos psiquiátricos documentados en informes médicos. Según su relato, se había solicitado previamente el ingreso de A.R. en un centro especializado, dada la falta de condiciones adecuadas en el entorno penitenciario para su salud mental.

La defensa sostiene que el deterioro de la salud psicológica de su cliente era previsible, y que la prisión no solo es un lugar de castigo, sino también un espacio donde se deberían garantizar necesidades específicas. Exigen que se implementen medidas de seguridad, como el ingreso a instituciones psiquiátricas o, al menos, a la enfermería de la prisión, donde el seguimiento sea más riguroso.

El informe del Conselleria de Salud, que fue presentado por la Conselleria de Justicia, revela que una de cada diez personas encarceladas tiene alguna discapacidad intelectual. Este año, se han atendido a 263 internos en programas de este tipo, lo que representa aproximadamente el 2,7% del total de la población reclusa.

Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona, señala que las prisiones catalanas están convirtiéndose en "depósitos de individuos con patologías mentales y problemas de consumo de sustancias". Según él, las penas de prisión deberían reservarse solo para aquellos que están plenamente conscientes de sus actos, y no para quienes sufren trastornos mentales que obstaculizan su juicio.

Se argumenta que el encarcelamiento puede agravar las condiciones psicológicas de los internos, y muchos de ellos caen en un ciclo de deterioro que se ve exacerbado por el consumo de drogas dentro de las instalaciones. La situación es tan complicada que el propio sistema penitenciario no parece estar preparado para abordar estas cuestiones de manera efectiva.

Funcionarios del entorno penitenciario han afirmado que el incidente en Quatre Camins era algo "previsible", dado que muchos internos se encuentran en un Departamento de Atención Especializada creado para ayudar a aquellos con problemas de consumo de drogas y otras vulnerabilidades. Sin embargo, estas instalaciones no están debidamente equipadas para tratar a los reclusos con discapacidades intelectuales o problemas mentales graves.

A pesar de que el personal penitenciario ha recibido capacitación para lidiar con estos casos, los recursos a menudo son insuficientes. Un funcionario que prefiere permanecer en el anonimato ha expresado su frustración ante la negativa de la Administración a reconocer la necesidad de un enfoque más sólido y eficaz, que priorice la rehabilitación en lugar del castigo.

La situación de salud mental en las prisiones catalanas está en aumento, aunque no está claro si esto se debe a un incremento en el número de diagnósticos o a una mayor prevalencia de trastornos, posiblemente relacionados con el consumo de sustancias. El conflicto en el que se vio envuelto A.R. es un claro ejemplo de como diversos factores pueden converger en episodios violentos.

La defensa de A.R. insiste en que su objetivo no es eludir con esto la responsabilidad penal, sino garantizar que su cliente cumpla su pena en un entorno que proteja su bienestar y facilite su reinserción, conforme a las disposiciones del Código Penal.

Por lo tanto, solicitan una investigación exhaustiva sobre el incidente O así como sobre el manejo de la situación por parte de la Administración, argumentando que es fundamental establecer protocolos adecuados para proteger a los internos más vulnerables y evitar que la falta de atención convierta a reclusos no violentos en individuos conflictivos.