La Generalitat de Cataluña se encuentra en la recta final para la aprobación de un registro de grandes tenedores de propiedades y un servicio de protección residencial, con la expectativa de que ambos se formalicen a lo largo del mes de octubre.

La presidenta del grupo Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha manifestado recientemente que las condiciones no son propicias para que su agrupación se siente a negociar los presupuestos para 2026 con el Gobierno. Ha criticado la falta de agilidad del Ejecutivo en la implementación de acuerdos cruciales en el área de vivienda.

Durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, Albiach, acompañada de su portavoz David Cid, subrayó que los acuerdos deben llevarse a cabo de manera integral y sin dilaciones. Aseguró que han tenido que exigir una reunión con los consellers para activar algunos de los compromisos de la investidura, insistiendo en que estas medidas son esenciales para el bienestar de los ciudadanos catalanes.

La dirigente aseguró que los constantes retrasos y la falta de cumplimiento afectan negativamente la confianza que su partido había depositado en el gobierno. Albiach confirmó que seguirán realizando reuniones para discutir otros asuntos pendientes, siendo la próxima centrada en educación y salud, programada para dentro de tres semanas.

En relación a la situación de vivienda, expresó su preocupación por el ritmo lento al que avanza la Generalitat en su promesa de construir 50,000 nuevas viviendas para 2030 y en la rehabilitación de 150,000 residencias en siete años. Señaló que existen retrasos significativos en estos proyectos.

Además, hizo hincapié en que el plan de choque para armonizar los criterios de las mesas de emergencia habitacional, que debía haberse implementado en septiembre, ahora se espera activar en 2026. Aun así, no se han tomado decisiones sobre el registro de grandes tenedores ni la creación de un equipo dedicado a prevenir desahucios.

Albicah instó al Gobierno a acelerar el proceso, unificar los procedimientos de las mesas de emergencia, establecer de manera definitiva el registro de grandes tenedores, crear urgentemente una unidad contra los desahucios y tomar medidas sancionadoras contra quienes vulneren la legislación de vivienda.

Por otro lado, opinó favorablemente sobre la intensificación de la compra de propiedades mediante el tanteo y retracto, así como sobre la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, el impuesto contra la especulación, la prórroga de la calificación de protección oficial en áreas tensionadas y la implementación del Pla de Barris, que actualmente se encuentra en discusión en el Parlament.

Cuando se le preguntó sobre la negociación de los presupuestos, Albiach se mostró optimista, confiando en que el Govern se pondrá al día con los acuerdos relacionados con la vivienda y otros temas a los que ha condicionado su disposición a sentarse a negociar.

También subrayó que les han comunicado su intención de presentar los presupuestos de manera oportuna, asegurando que estos deben entrar en vigor al inicio del año. No considera que estén dispuestos a someter a aprobación un proyecto de presupuestos sin un acuerdo previo con sus socios de investidura.

Desde su perspectiva, los Comuns se consideran firmes y exigentes en las negociaciones, pero apoyan que Cataluña disponga de un presupuesto que dé acceso a más recursos y facilite un mejor funcionamiento del "país".

Por su parte, fuentes del Gobierno han indicado a Europa Press que han llevado a cabo una reunión "constructiva", en la que reafirmaron su objetivo de aprobar el servicio de protección y el registro de grandes tenedores este octubre.

Asimismo, aseguraron que tienen la intención de continuar las reuniones con los Comuns en los próximos meses para revisar los acuerdos en otros ámbitos sobre los que ya se ha avanzado.