Crónica Cataluña.

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"Autoridades de Barcelona instan a la ciudadanía a actuar responsablemente para evitar incendios."

En un claro llamado a la responsabilidad y la prevención, el diputado Jordi Fàbrega ha revelado que la mayoría de los incendios forestales en la región son consecuencias directas de la acción humana, afirmando que 9 de cada 10 incidentes se deben a esta causa. Su declaración tuvo lugar durante la presentación del nuevo Plan de Información y Vigilancia contra Incendios Forestales 2025, una iniciativa que comienza a implementarse este miércoles y se extenderá hasta finales de agosto.

El diputado, que se encarga de la Prevención de Incendios Forestales en la Diputación de Barcelona, destacó que el plan incluirá un amplio despliegue de recursos, con 93 puntos de vigilancia, 39 vehículos y 125 cámaras, además de un equipo de 96 agentes cívicos enfocados en áreas forestales de alto riesgo. Estos esfuerzos están dirigidos a retirar materiales que podrían ser potencialmente peligrosos y causar incendios.

Fàbrega subrayó la importancia de no solo informar a la población, sino también de educarla y disuadirla sobre las conductas que podrían desencadenar fuegos. “Si combinamos la información con la asesoría y la sensibilización, nuestra capacidad para prevenir incendios aumentará de manera considerable”, afirmó el diputado.

Este ambicioso operativo tiene como objetivo abarcar más de 600.000 hectáreas de bosque, lo que equivale a aproximadamente el 70% de la superficie de la provincia. Las acciones se centrarán también en erradicar más de 1.500 puntos de vertido ilegal que contribuyen a la peligrosidad de los incendios.

La Diputación ha destinado un presupuesto de 2,4 millones de euros para apoyar a las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), que están compuestas por alrededor de 4.000 voluntarios organizados en 126 agrupaciones en toda la región. Esta inversión busca fortalecer la capacidad de respuesta y manejo forestal de la zona.

Además, Fàbrega anunció una nueva estrategia que consiste en fomentar la creación de asociaciones de propietarios forestales. Estas entidades se encargarán de gestionar entre 700 y 800 hectáreas cada año, una medida que se espera contribuya significativamente a la prevención de la propagación de incendios en la región.