El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presentó recientemente su visión sobre el anteproyecto de ley de consumo sostenible, que él describe como una iniciativa que marcará un precedente en el ámbito internacional. En sus declaraciones, Bustinduy enfatizó la soberanía de España, reafirmando que las decisiones sobre la asignación de recursos son tomadas por el Gobierno y las Cortes Generales, en respuesta a las críticas del expresidente estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa del país.

Durante un evento en la Universitat de Barcelona, donde asistió a la jornada 'Voces del desarrollo sostenible', Bustinduy defendió la capacidad del país para establecer sus propias prioridades democráticas y rechazó la influencia externa en los asuntos internos de la nación. Afirmó que el Gobierno, elegido por el pueblo, tiene la responsabilidad de definir el gasto público sin sujeción a presiones externas, independientemente de la posición de un líder mundial.

Según el ministro, los argumentos en contra del aumento del gasto militar al 5% del PIB se aplican igualmente al 2%, subrayando que España debe encontrar su propia vía y evitar participar en una carrera armamentista destructiva. Bustinduy reiteró que las decisiones políticas deben estar alineadas con los intereses y necesidades de la ciudadanía, sin ceder ante las exigencias de líderes extranjeros.

En su discurso, criticó el destino de recursos al complejo militar-industrial estadounidense, afirmando que su enfoque principal es la defensa de la justicia social y el bienestar del Estado. Se cuestionó la lealtad de aquellos que, presionados por amenazas internacionales, podrían claudicar ante exigencias de gasto militar.

En una alusión directa a Trump, instó a cualquier mandatario extranjero que desee dictar las políticas de España a someterse a las elecciones locales, desafiante ante la injerencia externa. Además, Bustinduy compartió detalles del nuevo anteproyecto de ley de consumo sostenible, que incluye medidas contra el 'greenwashing', una práctica que utiliza afirmaciones ambientales engañosas sin respaldo científico.

El proyecto de ley también contempla la prohibición de publicidad relacionada con combustibles fósiles y productos derivados, al tiempo que busca promover la transición energética hacia alternativas más sostenibles. Bustinduy enfatizó que esta legislación tiene el potencial de ser un modelo a seguir a nivel global.

Referente a la reciente sentencia contra Glovo, elaboró sobre la necesidad de fortalecer los derechos laborales en la economía digital. Sostuvo que la naturaleza de las plataformas digitales no debe permitir que operen fuera del marco legal, defendiendo que el reconocimiento de la relación laboral es fundamental para la protección de los trabajadores.

Por último, se refirió a la crítica que han hecho el PP y Vox sobre las ocupaciones de vivienda, argumentando que estos casos son mínimos, afectando solo al 0,06% del total del parque de vivienda en España. Aseguró que la percepción del problema de la ocupación ha sido sobredimensionada, ya que solamente una de cada 350.000 personas denuncia esta situación.