Unas 2.500 personas se manifestaron en Barcelona para demandar avances en la negociación de convenios colectivos y la reducción de la jornada laboral, en un evento organizado por CC.OO. y UGT de Catalunya. Esta movilización se llevó a cabo antes de que el Congreso de los Diputados pospusiera el debate sobre un proyecto de ley que propone una jornada laboral de 37,5 horas, cuyo análisis ahora se retrasará hasta septiembre.

Los líderes sindicales criticaron duramente al Gobierno, señalando que este aplazamiento representa un claro desliz en la gestión del Ejecutivo y de la coalición parlamentaria, en particular respecto a las negociaciones con el partido Junts. El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, expresó su frustración al afirmar que han tenido más que suficiente tiempo, casi medio año, para llegar a un acuerdo en esta cuestión.

Por su parte, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, calificó el aplazamiento como una evasiva y exhortó al partido Junts a manifestar su posición de manera clara en este contexto. López argumentó que en un entorno de "beneficios históricos" y aumentos en la productividad, es fundamental llevar a cabo el debate sobre la reducción de la jornada laboral, resaltando que el problema no radica en la generación de riqueza, sino en su distribución.

Durante su intervención, subrayó la contradicción de que, a pesar de los récords de beneficios empresariales, la tasa de riesgo de pobreza en Catalunya se mantenga en un alarmante 24%, afectando a uno de cada tres niños. Además, advirtió que el estancamiento en la discusión de convenios laborales afecta a 61 acuerdos y, por ende, a 1,3 millones de trabajadores en la región.

López también puso de relieve que el verdadero desafío en Catalunya no reside en las condiciones laborales, sino en la crisis de la vivienda. Sugirió que una reducción del 30% en los precios de la vivienda podría crear hasta 410.000 nuevos puestos de trabajo, un dato que se debe considerar en la actual agenda laboral.

Ros, en sus comentarios, indicó que las empresas suelen estar enfocadas en problemas como la productividad y el absentismo, pero que el desafío más apremiante es el poder adquisitivo de los trabajadores. Afirmó que muchos ciudadanos enfrentan dificultades crecientes para llegar a fin de mes, abogando por medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional y ajustes salariales en los convenios, mencionando específicamente la situación en la hostelería como ejemplo.

Finalmente, Ros subrayó que la movilización de los trabajadores continuará en septiembre, con el objetivo de ahora más que nunca llevar adelante sus reivindicaciones sobre la jornada laboral y el desbloqueo de los procesos de negociación colectiva.