Las repercussions legales y financieras del proceso del 9N de 2014 no han pasado desapercibidas, destacándose la figura de Artur Mas, quien lideró la iniciativa.

BARCELONA, 9 de noviembre. Este sábado se cumple una década desde que se llevó a cabo el proceso participativo impulsado por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Un evento que aún resuena en un panorama político catalán fragmentado, donde los independentistas enfrentan divisiones, mientras los socialistas, encabezados por Salvador Illa, mantienen el control del Palau de la Generalitat.

Más de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años fueron convocados a un acto donde debían responder a dos preguntas formuladas por el Govern y apoyadas por diversas fuerzas políticas, incluyendo CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” con opciones de “sí” o “no”, y para quienes optaron por el “sí”, una segunda pregunta: “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.

En la jornada, más de 2,3 millones de ciudadanos emitieron su voto, resultando que un notable 80,76% apoyó la independencia en ambas preguntas. Por otro lado, el apoyo al “sí-no” alcanzó un 10,07%, mientras que el “no” se limitó a un 4,45% de los votos.

El proceso comenzó el 12 de diciembre de 2013, cuando Mas y los líderes de varias formaciones políticas anunciaron su intención de realizar una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre del año siguiente. Este propósito se intentó alcanzar a través de dos vías: solicitando al Congreso la delegación de competencias a la Generalitat para convocar referéndums y, en paralelo, desarrollando una Ley de Consultas no Refrendarias en el ámbito catalán.

Sin embargo, el Congreso rechazó la iniciativa legislativa del Parlament, lo que llevó al Parlament de Catalunya a acelerar la creación de su propia normativa de consultas.

El 19 de septiembre de 2014, 106 de los 135 diputados del Parlament aprobaron la Ley de Consultas no Refrendarias, habilitando a Artur Mas a firmar el decreto de convocatoria el 27 de septiembre, instando a la participación de los catalanes en la consulta sobre el futuro político de Catalunya para la fecha programada.

En respuesta, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras recibir un informe del Consejo de Estado, interpuso de urgencia un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Este Tribunal se reunió de manera extraordinaria para aceptar el recurso y suspendió tanto el decreto de convocatoria como parte de la Ley de Consultas.

Ante la suspensión de la campaña institucional, el Govern buscó consensuar una respuesta con las fuerzas proconsulta, manteniendo varias reuniones, que culminaron en tres cumbres y terminaron con la fractura del consenso tras un encuentro en el Palau de Pedralbes.

Artur Mas informó a las demás formaciones que no podía seguir adelante con la consulta basada en la Ley de Consultas y estableció un nuevo escenario que inicialmente fue rechazado por ERC, ICV-EUiA y la CUP, llevando al presidente catalán a aceptar que el consenso se había roto.

Al día siguiente, Mas presentó públicamente su alternativa para el 9N, sugiriendo llevar a cabo un proceso participativo, utilizando urnas y papeletas bajo el marco de las competencias de “fomento de la participación ciudadana”, como un paso preparatorio hacia una consulta definitiva que tomaría la forma de elecciones plebiscitarias.

A pesar de las críticas iniciales, se realizaron ajustes en el formato del proceso participativo, como la ampliación de los puntos de votación y la aclaración de que no era una consulta en sentido tradicional. Esto llevó a que ERC, ICV-EUiA y la CUP se unieran nuevamente al proceso, junto a diversas organizaciones sociales que formaban parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Sin embargo, los cambios despertaron inquietudes en el Gobierno central, que, tras un comienzo en que minimizaban su importancia, acabó acusando al Govern de organizar una consulta encubierta. Esto resultó en un nuevo recurso ante el TC, que volvió a admitirlo y suspendió la jornada participativa.

A pesar de las suspensiones, la Generalitat presentó diversos argumentos ante el Alto Tribunal y decidió continuar con los preparativos del 9N, argumentando que no se podía suspender algo que, según ellos, no existía, sosteniendo que el Gobierno central consideraba que estaban siendo parte de una consulta cuando no era el caso.

El Ejecutivo catalán, además, llevó su denuncia ante el Tribunal Supremo (TS), acusando al Gobierno central de hacer un “uso torticero” del TC para bloquear un proceso participativo solamente con el objetivo de impedir su celebración; sin embargo, el TS desestimó esta petición.

Así, el 9N se realizó, con el Govern asumiendo la responsabilidad de la jornada, que fue respaldada por más de 40.000 voluntarios y contó con el apoyo de organizaciones asociadas al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que incluía a ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Cabe recordar que el antecedente de una votación para la independencia en Catalunya fue la consulta popular de Arenys de Munt, que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2009, y que tres años después del 9N, se llevará a cabo el referéndum del 1 de octubre.

El 9N trajo consigo consecuencias judiciales y económicas para varios de sus promotores más destacados, comenzando por Mas, así como para la exvicepresidenta Joana Ortega, la entonces consellera de Educación Irene Rigau, y Francesc Homs, quien se desempeñaba como conseller de Presidència y portavoz. También otros altos funcionarios de la administración catalana se vieron afectados.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó condenas por desobediencia: a Mas le impuso 2 años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros; a Ortega, 1 año y 9 meses de inhabilitación y 30.000 euros; y a Rigau, 1 año y 6 meses de inhabilitación y 24.000 euros, todos absueltos del delito de prevaricación.

En el ámbito del Supremo, Homs fue condenado a 13 meses de inhabilitación, también sin cargos de prevaricación, lo que significó su pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados cuando se hizo pública la sentencia.

En junio de 2015, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los actos impugnados en relación al 9N, afirmando que las comunidades autónomas no tienen la competencia para convocar consultas sobre cuestiones que afectan al orden constitucional.

Tres años tras la celebración del 9N, el Tribunal de Cuentas también condenó a los cuatro dirigentes mencionados a abonar 4,9 millones de euros como responsabilidad contable por los gastos generados y, en 2023, desestimó los recursos de apelación presentados para reducir dicha penalización.

Este año, en 2024, el TSJC ha vuelto a rechazar la petición de amnistía para Mas, Ortega y Rigau, argumentando que no había antecedentes penales que justificaran tal cancelación.