Defensa de Martínez Bravo: Condonar Deuda para Proteger a los Más Vulnerables

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

En una reciente comparecencia ante la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha manifestado su intención de promover la condonación de la deuda generada por prestaciones indebidamente pagadas a jóvenes extutelados.

La consellera realizó este anuncio en el contexto de una discusión sobre el Informe de fiscalización 6/2025, el cual examina las prestaciones económicas de derecho subjetivo de su departamento durante el año 2022. Su intervención subrayó la importancia de evitar que las consecuencias de estos errores recaigan en los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Martínez Bravo aclaró que su Conselleria está analizando las opciones legales para gestionar esta condonación de deudas. Según sus palabras, “la condonación no es necesariamente la solución definitiva, sino una medida para prevenir que los más vulnerables sean quienes paguen las consecuencias” de los errores administrativos.

La iniciativa surge tras la revisión de las prestaciones para jóvenes extutelados implementada en junio de 2025, como parte del proceso de reestructuración que llevó la gestión de este programa desde la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència a la Direcció General de Prestacions Socials.

Según informes, el motivo principal detrás de estos pagos indebidos es la falta de adaptación oportuna de la cuantía de las ayudas tras el inicio de la vida laboral de los beneficiarios. Esta ineficiencia administrativa ha afectado aproximadamente al 85% de los casos, resultando en pagos erróneos.

Recuperación de Fondos Significativos

Martínez Bravo destacó que los pagos indebidos no deben considerarse simplemente como irregularidades, sino que son el resultado de una administración lenta en la actualización de las prestaciones y su suspensión cuando es necesario. "Estos errores salen a la luz cuando la administración tiene los recursos para identificarlos", afirmó.

En cuanto a los 167,56 millones de euros identificados como pagos indebidos entre 2026 y 2024, Martínez Bravo comentó que aunque es una cifra considerable, representa solo el 1,6% respecto al total de prestaciones en el ámbito social y, de esta cantidad, ya se han recuperado 70 millones de euros.

Además, la consellera anunció que se ha encargado una auditoría inicial y está en planes realizar una segunda, con el objetivo de esclarecer la situación actual. Confía en que para el año 2026 se presenten presupuestos que representen un refuerzo significativo en el área social.

Resultados Visibles en la Gestión

En otro aspecto, Martínez Bravo se refirió a las transformaciones realizadas en su departamento, asegurando que ya están rindiendo frutos. Destacó la reducción de los tiempos de espera y una mayor eficiencia en la resolución de solicitudes como resultados notables de la nueva gestión.

Recordó que a pesar de que el informe de la Sindicatura de Comptes se centra en el año 2022, no refleja la situación actual, y agregó que los cambios introducidos en los últimos meses están proporcionando “resultados palpables”, como la gestión de prestaciones basada en datos y revisiones automáticas.

Las reformas en curso incluyen un nuevo liderazgo en el equipo directivo y el refuerzo de la Direcció General de Prestacions Socials, junto con un plan de choque iniciado en verano de 2023 para optimizar los procesos y una transformación tecnológica acelerada.

Reacciones Políticas

Durante la intervención de los diferentes grupos en el Parlament, la diputada socialista Mónica Ríos reafirmó el compromiso del Govern para reducir los pagos indebidos, haciendo hincapié en las mejoras alcanzadas. Por su parte, Maria Àngels Planas, de Junts, interrogó a la consellera sobre el control que se establecerá ante la externalización del seguimiento de estos casos.

Joan Ignasi Elena, del partido republicano, argumentó que es esencial proporcionar apoyos a las personas vulnerables y respaldó el plan de acción en marcha. Montserrat Berenguer del PP destacó la importancia de un seguimiento riguroso y expresó su preocupación por la obsolescencia en la cartera de servicios sociales.

Desde Vox, María Elisa García criticó duramente a la consellera, afirmando que su departamento está “plagado de corrupción” y exigiendo su dimisión, una opinión también respaldada por su colega Javier Ramírez. En tanto, Núria Lozano, de los Comuns, comentó que los errores de la administración no deben recaer sobre las familias, considerándolo una irresponsabilidad política.