El 15 de mayo en Lleida, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que el gobierno catalán se presentará como "acusación popular" en el próximo juicio relacionado con presuntos abusos cometidos por una red de pederastia contra una menor de 12 años bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

Durante una conferencia de prensa en Balaguer, la consellera afirmó que el Govern está firmemente decidido a erradicar la "lacra social" que representa la violencia hacia los niños. En sus declaraciones, subrayó la necesidad de llevar a cabo una reforma integral en la Dgaia y de revisar todos los protocolos existentes.

En relación con la investigación que está llevando a cabo la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sobre supuestas irregularidades en la concesión de ayudas públicas, Martínez Bravo recordó que su departamento ha solicitado una auditoría exhaustiva para identificar y implementar las medidas correctivas que sean necesarias.