BARCELONA, 5 de junio.

Hoy, un grupo de destacados líderes de la política catalana y valenciana ha alzado la voz en contra de la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ha presentado el BBVA sobre el Banco Sabadell, argumentando que esta acción va en detrimento de los intereses generales de la ciudadanía.

En un artículo publicado en el diario 'Ara' y recogido por Europa Press, se manifiestan las preocupaciones de figuras como los expresidentes Pere Aragonès y Artur Mas, así como el exmandatario valenciano Ximo Puig. También se suman a esta crítica los exconsellers de Economía de Cataluña y Valencia, quienes califican la operación de "insólita" y afirman que no ofrece justificación alguna en términos de beneficio público.

Los exlíderes han instado al Gobierno español a llevar a cabo un "análisis exhaustivo" sobre las implicaciones de esta fusión, enfatizando que el impacto de la OPA es considerable y que cinco puntos clave sustentan su oposición. Aseguran que esta operación podría intensificar el desequilibrio territorial existente, con una graves repercusiones sobre el empleo, lo que refuerza su demanda de una desconcentración del poder económico que actualmente reside en Madrid.

Además, alertan sobre una potencial "exclusión financiera" que resultaría del cierre de numerosas oficinas bancarias, una medida que afectaría de manera desproporcionada a las áreas con escaza representación de entidades financieras. Otro de sus argumentos se basa en la preocupación de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) verían reducidas sus opciones de financiación en un contexto donde el apoyo a estos negocios ya es limitado.

El grupo también ha destacado un hecho preocupante: mientras que el 85% de los ingresos del Banco Sabadell se generan en el territorio español, en el caso del BBVA, esta cifra no alcanza el 30%. Afirman que la fusión podría conllevar riesgos sistémicos, ya que la concentración de poder en grandes entidades bancarias podría comprometer la estabilidad del sistema financiero.

Finalmente, han recordado que en muchos países europeos, las autoridades pertinentes han intervenido en operaciones bancarias similares, ya sea condicionándolas o bloqueándolas. Por lo tanto, han solicitado al Gobierno que actúe con "claridad y responsabilidad institucional" para garantizar un modelo bancario que sea accesible, diverso y resistente a posibles crisis futuras.