Un magistrado del juzgado de Tarragona ha decidido desclasificar partes de un sumario que implica a un total de 28 individuos y seis entidades en un caso de supuesta corrupción.

Según información de Europa Press, el exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha sido llamado a declarar tras ser acusado de beneficiarse de su posición política para implementar leyes que favorecían a empresas del sector gasístico, vinculadas a un despacho de abogados que él mismo había fundado.

El periódico 'La Vanguardia' ha reportado que este escándalo involucra una serie de graves acusaciones, incluyendo siete delitos como cohecho, fraude a la administración pública, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El auto emitido por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona señala que las decisiones de Montoro permitieron que el mencionado despacho, denominado Equipo Económico, facilitara a diversas compañías reformas legales que beneficiaban sus intereses mientras perjudicaban al sector público.

Así mismo, se detalla que las investigaciones sugieren una intención deliberada de modificar la legislación de manera que favoreciera exclusivamente a las compañías gasísticas, excluyendo a otros sectores cuyos costos de electricidad también superaban el 50% de sus costos de producción.

La información revela que las propias empresas que forman parte de la AFGIM, como Air Liquide y Praxair, incluso participaron en la redacción de la norma que les otorgaba beneficios fiscales, lo que podría interpretarse como una inadecuada delegación de funciones normas en una fase previa a la legislación.

El documento judicial también sostiene que Montoro podría haber utilizado su poder legislativo en beneficio del despacho de abogados, asegurando así su propio beneficio económico y el de ese equipo.

Este levantamiento del secreto de sumario se produce en el marco de una investigación que lleva en curso siete años, notificando la condición de investigados a Montoro y a varios expuestos altos funcionarios, quienes supuestamente establecerían una red de influencias con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos.