No hay oposición a que la pena impuesta al informático se sustituya por trabajos comunitarios.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha manifestado que no se interpondrá a la suspensión de la pena de prisión que le fue asignada a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y de Junts, quien ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel. Esto, siempre y cuando se le conceda el indulto, según un informe del ministerio público al que ha tenido acceso Europa Press.

En el punto séptimo de la sentencia, se sugiere a las autoridades la posibilidad de otorgar un indulto parcial a Borràs, lo que lleva a la Fiscalía a afirmar que, si se hace efectiva esta decisión, no se opondrá a la suspensión de la pena privativa de libertad para salvaguardar intereses que pudieran perjudicar a la condenada.

A pesar de esto, la Fiscalía recuerda que el indulto solo afecta a la pena de prisión. De este modo, Borràs deberá cumplir su inhabilitación por 13 años y abonar la multa de 36.000 euros dictada en su sentencia.

POSIBILIDADES PARA EL INFORMÁTICO

Asimismo, la Fiscalía no se opone a que se contemple la suspensión de la pena de prisión de Isaías H., el informático que fue favorecido por Borràs al fraccionar contratos durante su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018. Este individuo fue condenado a 2 años de cárcel por su papel en un delito de falsedad documental, además de una multa de 2.300 euros.

La decisión de la Fiscalía se basa en la "colaboración y arrepentimiento" mostrados durante el juicio, así como en la evidencia de que ha superado su adicción a las drogas y ha pagado la multa impuesta. Por tanto, se plantea la alternativa de realizar trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de cumplir con la pena de cárcel.

Por último, en el caso de Andreu P., quien participó en la preparación de presupuestos y fue condenado como cooperador necesario en un delito de falsedad documental, la Fiscalía ha solicitado que se amplíe el plazo para el pago de su multa de 2.250 euros, dado que se ha comprobado la insolvencia de su empresa, que se declaró en concurso de acreedores y fue disuelta después de la sentencia del TSJC, lo que ha llevado a la pérdida de sus ingresos.