En un giro inesperado para el FC Barcelona, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha puesto su mirada en el expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, y su equipo directivo, acusándolos de un delito continuo de administración desleal por la gestión de operaciones financieras que han manchado la reputación del club. Esta revelación ha salido a la luz gracias a un documento obtenido por Europa Press.

La investigación, liderada por el Ministerio Público, también incluye al exdirector general, Òscar Grau, y al exdirector de los servicios jurídicos, Roman Gómez Ponti, quienes se enfrentan a las mismas acusaciones, lo que pone en riesgo sus legados en el mundo del fútbol.

Entre los señalados se encuentran Ignacio Mestre, exdirector general, y Jordi Mestre, exvicepresidente deportivo, así como el abogado José Ángel González Franco. La investigación se basa en que se ha identificado la participación de estos exdirectivos, junto con otros miembros de la Junta Directiva, en actividades irregulares durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019.

En total, la acción judicial involucra a once personas, que incluyen a exdirectivos y a intermediarios vinculados a las operaciones en cuestión. La pesquisa surge de una denuncia formal presentada en enero de 2022 por el Secretario de la Junta Directiva del Barça, que motivó la intervención de una unidad especializada en delitos económicos.

La Fiscalía ha encontrado indicios suficientes que podrían indicar la existencia de un delito de administración desleal, un peso enorme que recae sobre quienes estaban al mando del club durante esos años problemáticos. La normativa del club estipulaba que cualquier contrato por encima de 200.000 euros necesitaba el visto bueno de la Junta Directiva, algo que parece haberse obviado en múltiples ocasiones.

Particularmente, la investigación se ha centrado en el fichaje del delantero Malcom, con una acusación de que se pagaron 10 millones de euros en comisiones a intermediarios sin el respaldo formal del club. Este tipo de prácticas pueden tener un impacto negativo serio en las finanzas del FC Barcelona, al comprometer su integridad económica.

Además, se cuestiona el uso de honorarios legales para llevar a cabo un acuerdo entre el club y las autoridades en el conocido 'caso Neymar I', donde se alega que Bartomeu y sus aliados decidieron unilateralmente pagar 950.000 euros a González Franco, sin consultar con la Junta, una decisión que podría resultar en más problemas legales para el club.

La Fiscalía también investiga un desembolso de 1,5 millones de euros destinados al polémico proyecto del Espai Barça, lo que añade otra capa de complicaciones a la ya turbia situación del club. Bartomeu, Grau y Gómez Ponti están citados a declarar en una fecha próxima, mientras que González Franco lo hará más adelante, en un panorama que se vislumbra complicado para todos los involucrados.