La Fiscalía ha solicitado una severa condena de cuatro años de prisión, junto a un total de 16 años de inhabilitación y una multa que asciende a 7.800 euros, para Rubén Guijarro, el exalcalde de Badalona, implicado en un proceso judicial en curso.

El juicio, que se está llevando a cabo en la Audiencia de Barcelona, también incluye a otros dos acusados, un alto funcionario del Servicio de Disciplina Urbanística y un responsable de la Unidad Jurídica del Departamento de Urbanismo. Durante su testimonio, Guijarro ha sostenido que nunca emitió instrucciones sobre qué expedientes sancionadores debían abrirse o no por infracciones relacionadas con la normativa urbanística. Su argumento se centra en que su rol se limitaba a firmar documentos una vez que estos habían sido debidamente tramitados por los técnicos pertinentes.

El Ministerio Público alegó que tanto Guijarro como sus compañeros no realizaron su deber al no actuar contra los ocupantes y responsables de construcciones irregulares en terrenos protegidos en la Serralada de Marina. A pesar de contar con información proporcionada por Agentes Rurals, los acusados no iniciaron los procedimientos adecuados para preservar las normativas urbanísticas, creando serias dudas sobre su actuación.

La Fiscalía ha indicado que la inacción en este caso permitió que se llevaran a cabo obras en terrenos catalogados como no urbanizables, cuyo carácter ilegal era evidente. Solo después de varios meses se decidió incoar un expediente sancionador, pero, curiosamente, este se dirigió únicamente contra los propietarios de las fincas, mientras que los ocupantes, que eran los responsables de las modificaciones ilegales, quedaron exentos de sanciones.

En su declaración, Guijarro ha reiterado que su responsabilidad se limitaba a validar los documentos y ha defendido que no tenía conocimiento de las irregularidades que pudieran existir en esos expedientes. Además, argumentó que nunca se le informó sobre la decisión de sancionar solo a los dueños y que su papel como político no abarcaba inmiscuirse en cuestiones técnicas o jurídicas.

El exalcalde también ha manifestado no haber tenido contacto directo con los otros dos acusados ni con los ocupantes implicados en este escándalo, dado que el equipo de Urbanismo contaba con más de 600 empleados, lo que dificultaba su relación personal con cada uno de ellos.

Por otro lado, el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística ha expuesto que el proceso de actuar contra ocupantes se iniciaba solo después de que se había establecido el proceso de restauración de la legalidad. Su defensa alega que habían estado en cumplimiento de su deber para proteger el interés público, y que no ocultaron ninguna infracción a pesar de que el procedimiento sancionador en sí fue un proceso complejo y dependía de la gestión de los propietarios.

El cabeza de la Unidad Jurídica del departamento informó que la decisión de no sancionar a los ocupantes respondió a una interpretación sobre la entidad de las obras, que consideraron insuficientes para clasificarlas como construcciones en sentido estricto. Asimismo, resaltó que las decisiones tomadas fueron de su competencia personal y nunca se les dio directrices ajenas.

Curiosamente, ninguno de los propietarios involucrados ha impugnado judicialmente las sanciones impuestas, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de esas multas y la reacción de los afectados. Al respecto, una abogada asociada al Área Metropolitana de Barcelona, que actuó como testigo, corroboró que típicamente los procedimientos sancionadores se dirigen contra los propietarios, aunque también pueden tocar a los ocupantes.

La defensa de los acusados, liderada por la abogada Olga Tubau, ha solicitado su absolución, argumentando que nunca existió una intención por parte de los acusados de ocultar las infracciones urbanísticas. Según su perspectiva, su transparencia en el manejo del caso y la falta de dolo en sus acciones descartan cualquier acusación de prevaricación urbanística.