Independentistas exigen al Parlament reconocer la "rebeldía" de los jueces ante la amnistía.

El bloque independentista conformado por Junts, ERC y la CUP ha instado al Parlament a reconocer la "insubordinación de la élite judicial española al negarse, de manera intencionada y arbitraria", a aplicar la Ley de Amnistía.

En una propuesta de resolución transaccionada por los tres grupos parlamentarios y que será sometida a votación este jueves por la tarde en el marco del Debate de Política General, expresan su compromiso con la implementación "total, de manera inmediata y sin excepciones" de la normativa, rechazando la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados y procesados por malversación en relación con el referéndum del 1-O.

Asimismo, lamentan la utilización de "tácticas dilatorias para demorar la aplicación de la ley" como presentar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el TJUE por parte de la Audiencia Nacional, el TSJC o el Tribunal de Cuentas.

De este modo, destacan las "graves deficiencias democráticas y el sesgo político del sistema judicial español".

Además, proponen la creación de un observatorio sobre la Ley de Amnistía con la participación de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de su implementación.

Este observatorio tendría como objetivo recopilar todas las solicitudes y resoluciones presentadas en los tribunales en relación con la aplicación de la normativa, brindar seguimiento y apoyo a las personas "represaliadas" y elaborar conclusiones sobre su grado de implementación.

Para los partidos independentistas, a pesar de aliviar el sufrimiento de quienes se han beneficiado de la amnistía, esta ley "no cumple con las promesas de reparación" hechas tras su aprobación.

En este sentido, critican que cuatro meses después de su aprobación, la mayoría de los casos de manifestantes, políticos y funcionarios públicos siguen en punto muerto, mientras que todos los policías ya han sido amnistiados, lo que demuestra una clara parcialidad en la aplicación de la normativa.

Por lo tanto, acusan a los tribunales de estar "desobedeciendo la ley", perpetuando así un ambiente represivo que no muestra señales de acabar, sino de continuar en plena vigencia.

A pesar de todo, el texto consensuado por los tres grupos no incluye la solicitud de Junts en su propuesta individual de iniciar acciones legales contra las autoridades judiciales que se nieguen a aplicar la amnistía.