El partido Junts ha instado al Govern a emprender acciones legales contra las autoridades judiciales que no apliquen la Ley de Amnistía en su totalidad. Esta petición se ha realizado durante el Debate de Política General en el Parlament.

En sus propuestas de resolución, Junts también ha solicitado un nuevo sistema de financiación para Catalunya en forma de concierto económico, fuera del marco de la Lofca, que otorgue plena soberanía fiscal y normativa a la Generalitat sobre los impuestos recaudados en la región.

Además, han propuesto que la ATC sea la encargada de gestionar los impuestos, que se revise el techo de déficit asignado a la Generalitat y se exija la compensación del déficit histórico en inversiones en Catalunya.

En cuanto a infraestructuras, reivindican el traspaso de competencias sobre el Aeropuerto de Barcelona, la red de Rodalies y las competencias hídricas en Catalunya. También abogan por revisar la eficacia del sistema tributario catalán y publicar anualmente las balanzas fiscales.

En otra de sus iniciativas, Junts critican la falta de aplicación de la Ley de Amnistía por parte de las autoridades judiciales españolas y exigen al Govern emprender acciones legales pertinentes al respecto.

Además, censuran el discurso del rey Felipe VI en octubre de 2017 y piden al conseller Illa que no normalice la relación con la monarquía española hasta que se pida perdón. También hacen hincapié en la importancia del catalán como lengua oficial en la UE y reclaman un presupuesto diferenciado para la política lingüística del Govern.

En materia de vivienda, Junts solicitan la igualación del parque de vivienda pública a la media europea, la disponibilidad de suelos residenciales de la Sareb para los municipios y la Generalitat, y la creación de un cuerpo normativo integral en política de vivienda.

Además, proponen bonificaciones fiscales para propietarios de viviendas que incentiven el mercado de alquiler y compra, así como medidas para favorecer la adquisición de la primera vivienda para personas menores de 39 años y fomentar la natalidad a través de políticas de inmigración y promoción de la natalidad.