Crónica Cataluña.

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Just Eat demanda a Glovo por 295 millones; juicio inicia este martes en Barcelona.

Just Eat demanda a Glovo por 295 millones; juicio inicia este martes en Barcelona.

La empresa Just Eat ha denunciado a Glovo por competencia desleal en un juicio que se llevará a cabo en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona entre el 17 y el 20 de junio. Este proceso judicial surge como resultado de una demanda presentada en noviembre del año pasado en la que Just Eat acusa a Glovo de contratar a sus repartidores como falsos autónomos, un hecho que, según sostiene, le ha ocasionado pérdidas significativas.

La compañía demandante ha alegado que Glovo ha sido objeto de múltiples condenas en relación con este tipo de prácticas, que violan la legislación laboral vigente. Just Eat argumenta que su modelo de negocio, que implica la contratación formal de repartidores, se ve comprometido por estas tácticas de Glovo, lo cual genera una situación de desigualdad en el mercado, ya que incurre en costes operativos más altos conforme a la ley.

Se estima que las prácticas de Glovo le han permitido un ahorro superior a 645 millones de euros, lo que le otorga una ventaja competitiva considerable frente a empresas que operan de manera legal y ética, como Just Eat. Este beneficio financiero, según la denuncia, pone en entredicho la equidad y la leal competencia en el sector de la entrega de alimentos.

En respuesta a estas acusaciones, Glovo anunció en diciembre un cambio en su modelo operacional, indicando que ahora empleará a repartidores bajo un régimen laboral en lugar de como autónomos. Esta decisión se dio a conocer poco antes de que su CEO, Òscar Pierre, fuese citado como investigado en un caso penal relacionado con presuntas infracciones a los derechos laborales de sus trabajadores, lo que arroja sombras sobre la ética empresarial de la compañía.

El Ministerio Público ha intervenido en este caso, resaltando que Glovo infringe los derechos de los 'riders' al clasificarlos como falsos autónomos. En su informe, la fiscalía señala que esta clasificación permite a la empresa eludir sus responsabilidades laborales, provocando una reducción en los salarios que deberían recibir estos trabajadores por su jornada laboral real.