La defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont ha reafirmado que el Tribunal Supremo no es la entidad adecuada para juzgar su situación, argumentando que como diputado en el Parlament, este asunto corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ). Por otra parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han manifestado su apoyo para que se aplique la ley de amnistía que perdona los delitos vinculados al "procés".

Gonzalo Boye, representante legal de Puigdemont, realizó estas afirmaciones durante una reciente audiencia pública destinada a discutir los recursos de apelación contrarios a la decisión del juez Pablo Llarena, quien se negó a aplicar la amnistía a aquellos que están procesados en rebeldía. En esta vista, la Sala de Apelaciones, compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, también escuchó las argumentaciones de la Fiscalía y Vox, que ejerce como acusación popular.

La audiencia se lleva a cabo tras la negativa de Llarena en julio de conceder la amnistía al delito de malversación que afecta a Puigdemont y a sus antiguos consejeros, Toni Comín y Lluís Puig. Aunque los abogados presentaron un recurso en protesta por esta decisión, el juez ratificó su postura en septiembre, lo que llevó a la defensa a presentar un nuevo recurso que fue defendido en la audiencia del lunes.

Boye argumentó que el Supremo no tiene autoridad para aplicar la ley de amnistía en este contexto. "Sin duda estamos en lo correcto", apuntó, subrayando que la responsabilidad y la facultad de aplicar dicha ley recae en el TSJ de Cataluña, dado que Puigdemont fue elegido como diputado. "No es necesario debatir extensamente sobre si la ley de amnistía se debe aplicar", añadió, refiriéndose al voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que justifica la aplicación de la norma.

El abogado también indicó que cualquier decisión tomada por el Supremo que ignore la competencia del TSJ sería una violación del marco legal establecido. En consonancia con esta línea, Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Lluís Puig, también argumentó que solo el TSJ de Cataluña debería tener la autoridad para aplicar la amnistía y advirtió que no hacerlo sería una decisión arbitraria y contraria a la justicia.

Durante la misma audiencia, también se presentaron los argumentos de la defensa de Marta Rovira, quien se opone al recurso interpuesto por Vox que desafía la posibilidad de amnistiar el delito de desobediencia por el que Rovira está siendo procesada. Su letrado, Íñigo Iruin, al igual que los defensores de Puigdemont, insistió en que la competencia recae en el TSJ catalán, destacando que el juez ya se había declarado incompetente en el caso.

Desde el lado acusador, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox han hecho sus presentaciones. Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, expresó respaldo hacia los recursos de los líderes independentistas, señalando que es "sorprendente" calificar sus actos como motivados por beneficios personales. La Fiscalía ha sostenido que los procesados no buscaban un beneficio económico a través del referéndum del 1-O, lo que refuerza la idea de que los hechos son amnistiables.

Sánchez Conde también rechazó la afirmación de Llarena que decía que las acciones de Puigdemont y sus colaboradores causaron un daño a los intereses financieros de la Unión Europea, argumentando que los fondos utilizados pertenecieron a la Generalitat y no mostraron ninguna merma. Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó al tribunal de apelación del Supremo que acepte los recursos presentados por Puigdemont, Comín y Puig.

En contraposición, Vox reiteró su rechazo a la decisión de amnistiar la malversación del 'procés', criticando a la defensa de Puigdemont por insistir en que el Supremo no tiene jurisdicción sobre el caso. Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, enfatizó que un acto ilegal no debe ser protegido por ningún instrumento legal, mucho menos por la ley de amnistía, afirmando que las interpretaciones realizadas por el Supremo son válidas dado que el Tribunal Constitucional también se pronunció sobre las leyes de desconexión.