En una decisión reciente que refleja el compromiso con los derechos humanos, la Audiencia Nacional de España ha ordenado de manera urgente el traslado a territorio español de una exfiscal afgana y su familia. La noticia fue anunciada por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha estado a la vanguardia de este proceso a través de su Clínica Jurídica.

La Audiencia Nacional, específicamente su Sección 8 de la Sala Contenciosa Administrativa, ha tomado esta medida cautelar al reconocer la situación de peligro inminente que enfrenta la exfiscal debido a su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y su labor en la justicia. Esta resolución permite a la familia formalizar su solicitud de protección internacional en un entorno que les ofrezca mayor seguridad.

Un equipo de voluntarios de la Clínica Jurídica de la UPF ha sido fundamental en este avance, incluyendo a su director, Maurici Pérez Simeón, junto con varios abogados y estudiantes de derecho que han contribuido a esta causa. Estos profesionales han trabajado incansablemente para garantizar que los derechos de la exfiscal y su familia sean protegidos en España.

El profesor Pérez ha comentado sobre el proceso y ha indicado que aún no se tiene una fecha precisa de llegada para la familia, ya que depende del tiempo que necesite la embajada de España en Pakistán para llevar a cabo la orden de la Audiencia Nacional. Sin embargo, se espera que su llegada a Barcelona se produzca en las próximas semanas.

Este no es el primer caso en el que la Clínica Jurídica de la UPF ha logrado una medida cautelar a favor de exfiscales afganas que han sido perseguidas por el régimen talibán. En 2023, ya habían conseguido un logro similar para una fiscal antiterrorista, destacando el importante trabajo que realiza esta institución en defensa de los derechos humanos en un contexto tan desafiante como el que vive Afganistán.

El caso de esta exfiscal resalta su valiente defensa de los derechos de las mujeres durante su carrera, abarcando varios casos de violencia de género antes de verse obligada a huir a Pakistán tras la toma de Kabul por los talibanes en 2021. Este traslado es un paso crucial hacia su seguridad y bienestar, así como un símbolo esperanzador del apoyo que ofrece España a quienes luchan por la justicia.