BARCELONA, 17 Jul. - La defensora de los derechos civiles en Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha puesto de manifiesto su preocupación por la ineficacia de la administración pública, calificándola de "arcaica y desactualizada". Según sus declaraciones, muchas normativas han permanecido sin cambios durante las últimas cuatro décadas, lo que ha llevado a exigir un refuerzo de las garantías legales en la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia), anteriormente conocida como Dgaia.

Durante una reciente entrevista en TV3, que fue documentada por Europa Press, Giménez-Salinas destacó que las reformas administrativas deben enfocarse en la eficacia operativa y no en ideologías. Su reflexión se centró especialmente en el sector social, donde consideró que los cambios deberían ser prioritarios y concretos.

La síndica también comentó sobre la escasa evolución en el número de familias adoptivas en los últimos 15 años, indicando que solo se ha incrementado en dos el total de familias que acogen a menores en riesgo. En concreto, en el año 2010 había 885 familias, y se proyecta que en 2025 habrá 887, un aumento despreciable que pone de relieve la falta de medidas efectivas.

Al ser cuestionada sobre las transformaciones anunciadas por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, en lo que respecta a la renovación de la dirección dedicada a la infancia, Giménez-Salinas pidió que se pusieran sobre la mesa "acciones concretas".

“Estoy completamente a favor de la implementación de garantías. No cuestiono las palabras de una persona en un momento dado, pero es crucial que estas se acompañen de las garantías necesarias, que son de carácter legal. Las meras intenciones y buenas palabras no son suficientes", concluyó la síndica, subrayando la importancia de un marco normativo sólido.