BARCELONA, 9 de noviembre.

Massimo Motta, catedrático de Investigación en Icrea-Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en la Barcelona School of Economics, ha compartido su visión sobre el impacto positivo de la competencia en las empresas europeas en una reciente entrevista con Europa Press.

El experto, quien ha ocupado el cargo de economista jefe de competencia en la Comisión Europea, subrayó que el aumento de la competencia es esencial para que las empresas en Europa logren mejoras en productividad, resiliencia y escalabilidad. Según sus palabras, “la clave no está en reducir la competencia, sino en preservarla, ya que es el motor que impulsará la inversión y la innovación en las empresas”.

Participando en las Jornades Nacionals de Defensa de la Competència, organizadas por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Motta argumentó que la intervención del sector público debería limitarse a situaciones donde se detecten “externalidades o fallos de mercado” que amenacen un entorno competitivo saludable.

El académico opinó que la intención política de desarrollar “campeones europeos” para competir con gigantes estadounidenses y chinos no debe interferir en las políticas de competencia, señalando que esta tarea debe ser manejada por la política industrial, no por la regulación de la competencia.

Al ser cuestionado sobre las plataformas de transporte y alojamiento, como Airbnb y Cabify, Motta enfatizó la necesidad de fomentar una mayor competencia y destacó que estas empresas han traído innovaciones que han sido bien recibidas por los consumidores y han influido en los sectores tradicionales.

No obstante, hizo hincapié en que “las mismas reglas deberían aplicarse a todos”, criticando la falta de un marco regulatorio que garantice una competencia leal entre todas las partes del mercado. En su opinión, no es justo que los propietarios que utilizan Airbnb no enfrenten las mismas cargas fiscales que los hoteles.

Motta abogó por un enfoque en el que las leyes de competencia permitan a los gobiernos endurecer criterios establecidos por las autoridades, pero no al revés. Esta medida, según él, permitiría a las autoridades concentrarse en analizar el efecto de estas regulaciones sin distracciones por otros factores.

Concluyó afirmando que el principal objetivo de las políticas de competencia debería ser la protección de la competencia y la eficiencia económica, sugiriendo que cualquier ajuste adicional debería ser responsabilidad de otras entidades, como el Ministerio de Economía o el gobierno, que podrían decidir sobre condiciones adicionales.