El clima político en España continúa siendo de incertidumbre, con lo que algunos analistas consideran una "estabilidad política permanentemente inestable" desde la moción de censura que se llevó a cabo en el país. Este es el diagnóstico que ha compartido Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya, quien ha dejado claro que espera un desenlace positivo en las relaciones entre Junts y el PSOE, a pesar de la reciente decisión de Carles Puigdemont de suspender las negociaciones con el partido socialista.

Junts ha decidido dar un paso atrás en las conversaciones tras la reciente decisión de la Mesa del Congreso de postergar nuevamente la solicitud de confianza para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante esta situación, Ros ha enfatizado la necesidad de que ambas partes se reúnan urgentemente en Suiza para retomar el diálogo.

El líder sindical ha manifestado un tono optimista al referirse a la actual coyuntura, señalando que, pese a los altibajos, ha existido una continuidad en el diálogo político y social. "Desde la moción de censura, hemos estado viviendo una inestabilidad en la política nacional, pero confiamos en que se pierda el miedo al diálogo y se busquen soluciones", afirmó en una rueda de prensa este viernes.

En su intervención, Ros subrayó que es fundamental que los gobiernos asuman su responsabilidad durante este proceso de negociación. "Esperamos que se descongele esta situación y que ambos lados actúen de manera constructiva", reclamó, enfatizando la importancia de un compromiso efectivo para lograr acuerdos duraderos.

Además, el secretario general de UGT de Catalunya instó a que la cuestión de la reducción de la jornada laboral no se convierta en un objeto de manipulación política, como, según él, sucedió durante las discusiones en torno a la reforma laboral, donde las decisiones parecían guiadas más por intereses políticos que por el verdadero contenido de las propuestas.

Finalmente, Ros defendió la necesidad de que la propuesta sobre la reducción de jornada sea aceptada a trámite, para así abrir espacio al debate entre el Gobierno, los agentes sociales, y los grupos parlamentarios, con el fin de encontrar consensos que beneficien a todos los sectores implicados en este asunto crucial.