Se anticipa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llevará a cabo una vista o emitirá un informe sobre la controversia relacionada con la malversación que involucra a los líderes del referéndum del 1-O. Esta información fue compartida por miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC) en una reciente rueda de prensa llevada a cabo en Barcelona.

Durante la comparecencia, Elda Mata, presidenta de SCC, junto con el secretario de la junta directiva, Eloy Moreno, y Juan Chapapría, CEO de Chapapría-Navarro&Asociados, ofrecieron informaciones sobre las expectativas hacia el TJUE, donde creen que se abordará la cuestión de si la ley de amnistía puede aplicarse a delitos relacionados con la contabilidad pública. La entidad confía en que este proceso se resuelva a finales de este año o durante el primer trimestre de 2026.

Mata subrayó la importancia de la intervención europea en esta materia, mencionando que, según la normativa de la UE, los delitos de malversación no son susceptibles de amnistía. Esta postura se sostiene en la premisa de que ciertas infracciones, en línea con la postura europea, no deberían beneficiarse de un borrado penal.

La decisión que tome el TJUE influirá directamente en la demanda presentada por SCC ante el Tribunal de Cuentas, que señala a figuras políticas como Carles Puigdemont y Artur Mas, así como a otros ex altos cargos de la Generalitat, involucrados en la gestión del referéndum, cuya causa estaba en espera de sentencia. Si la ley de amnistía, aprobada en mayo de 2024, se aplicara, podría resultar en la anulación de estos procedimientos.

En junio de 2024, SCC había presentado escritos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, solicitando que se plantearan cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la aplicabilidad de la amnistía a delitos graves como la malversación y el terrorismo, que afectan a los principales líderes del 'procés'.

El Tribunal de Cuentas, que investiga el supuesto desvío de fondos por parte de estos ex funcionarios en relación al 1-O y a la campaña internacional contra la democracia española, ya ha elevado la cuestión al TJUE, lo que ha llevado a la suspensión de la causa hasta recibir una respuesta de la corte europea.

Chapapría explicó que el TJUE tendrá que decidir si una vista oral es necesaria, con la presencia de las partes implicadas, o si se basará en un informe del abogado del tribunal suficiente para que los magistrados emitan su veredicto. Este aspecto será determinante para prever los plazos de resolución del caso.

El abogado también enfatizó que hay fundamentos legales sólidos para sostener que la amnistía no será aplicable, ya que contradice los principios de financiación de la Unión Europea, algo que han presentado en sus argumentos. Además, destacó que, tras la aceptación de sus alegaciones, las defensas de los acusados ya han presentado sus escritos, aunque con ciertas irregularidades en su forma, lo que podría complicar y prolongar el proceso judicial.

Se señaló que los escritos defensivos presentaron información personal innecesaria y carecen de traducción al inglés, lo que, aunque SCC no ha solicitado la nulidad de tales documentos, podría extender los tiempos del procedimiento legal en cuestión.