La Fiscalía ha tomado una posición firme en el caso de agresión sexual ocurrido en el Poble Espanyol de Barcelona, señalando a la aseguradora del recinto como responsable civil directa. La actuación de Allianz, según la acusación, no solo fue insuficiente, sino que comprometió la seguridad de sus clientes al no establecer las medidas necesarias para prevenir incidentes de esta índole.

El hecho que desencadenó esta acusación se remonta a la madrugada del 11 de marzo de 2023, cuando una joven de nacionalidad estadounidense, que en ese momento tenía 19 años y era estudiante en Barcelona, sufrió una brutal agresión sexual. Durante su declaración en el juicio, la víctima relató que, tras ser violada, llegó a agradecer al agresor que no le hubiera quitado la vida: "Creía que eran mis últimos momentos y recé a Dios", declaró con evidente angustia.

El juicio se está llevando a cabo en la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Para minimizar el impacto emocional de la confrontación, la joven ha testificado desde una sala diferente, ayudada por un intérprete. Su relato fue desgarrador y dejó en evidencia no solo la violencia del acto, sino también el profundo trauma que le ha causado.

La víctima narró cómo salió de la discoteca Input, en el Poble Espanyol, bajo la invitación de un trabajador del local, quien la llevó a una salida de emergencia para fumar. Sin embargo, ese gesto de confianza pronto se tornó en su peor pesadilla. Al intentar volver a entrar, descubrió que la puerta había sido cerrada y que se encontraba bloqueada. Este fue el comienzo de una situación aterradora.

Desesperada y sola, comenzó a buscar una salida. Mientras usaba Google Maps para orientarse, se encontró cara a cara con el agresor, quien apareció sosteniendo una piedra. Su súplica de "por favor no" fue respondida con agresión, y lo que siguió fue una experiencia devastadora que la víctima describió con escalofriante claridad, incluyendo momentos de pérdida de conciencia y la violación que padeció.

La recuperación del sentido fue seguida por una lucha por su vida, cuando intentó regresar a la discoteca para buscar ayuda. A pesar de sus heridas visibles y el miedo latente, se armó de valor y logró llamar la atención de otros clientes pidiendo socorro. Fue útil en esa desesperada búsqueda la intervención de un vigilante, quien dio la alerta a los servicios de seguridad tras encontrarla en un estado crítico.

El trabajador del local, que estaba presente en ese momento, se defendió en el juicio argumentando que solo había trabajado en la discoteca un corto periodo de tiempo y no era consciente de las especificaciones de seguridad del recinto. No obstante, sus afirmaciones fueron cuestionadas por la acusación, que subrayó su posible responsabilidad al poner en peligro a la joven al no asegurarse de que la puerta pudiera volver a abrirse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Poble Espanyol muestran cómo la víctima, desorientada y asustada, buscaba una salida justo antes del ataque. Estas evidencias han sido fundamentales para entender la secuencia de la agresión y la falta de protección en ese momento crítico.

Las acusaciones contra el agresor son graves. La Fiscalía ha solicitado una pena de 19 años y medio de prisión, desglosada en 12 años por la violación, 4 por lesiones y 3 años y medio por el robo violento de su teléfono móvil y bolso, que contenía su pasaporte. Además, se requiere una indemnización de más de 69,000 euros por los daños sufridos.

En un giro adicional, el Poble Espanyol y la empresa que gestiona la discoteca también han sido acusados como responsables civiles subsidiarios. Ambas partes han tratado de deslindarse de culpas en el juicio, apuntando a fallos en la seguridad del otro. Sin embargo, el daño ya está hecho, y una vez más, se pone de relieve la necesidad de reforzar la protección de los ciudadanos en lugares de entretenimiento, para evitar que se repitan atrocidades como la ocurrida aquella noche.