Los taxistas exigen cambios en la regulación y preparan protestas en Barcelona

BARCELONA, 28 May. - Los taxistas han votado en una asamblea este martes la posibilidad de bloquear los accesos a las terminales de cruceros del Puerto de Barcelona y al Aeropuerto de Barcelona-El Prat si el Gobierno no responde a sus demandas.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciado que se reunirán con la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, para solicitar dos cambios importantes: limitar el precio de los seguros del sector y otorgar a las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre el tema.

Álvarez ha señalado que la reunión tendrá lugar después de las elecciones europeas del 9 de junio, y respecto a las protestas, ha asegurado que podrían movilizar al sector "en 24 horas" dependiendo de los resultados.

Esta mañana, cientos de taxis se han manifestado en Barcelona para expresar su descontento con lo que consideran "VTC ilegales", en una marcha lenta organizada por Élite Taxi.

La protesta ha comenzado en la avenida Maria Cristina y ha avanzado por Gran Via hasta Passeig de Gràcia, donde los taxistas han detenido la marcha para realizar una asamblea que ha durado varias horas.

En la asamblea, se ha decidido iniciar movilizaciones constantes a partir del 1 de septiembre si la Conselleria de Territorio de la Generalitat no regula las VTC vinculadas a plataformas como Uber, Cabify o Bolt.

Álvarez ha detallado que, en este caso, no se llevaría a cabo una huelga en el sector, sino que se llamaría a los taxis que descansan habitualmente y serían alrededor de 2.000 vehículos, para bloquear las calles de Barcelona y los accesos al Puerto y al Aeropuerto.

Además, durante la asamblea, Álvarez ha mencionado que cuentan con el respaldo del Departamento correspondiente para crear una normativa que justifique ante la justicia europea la necesidad de limitar el número de VTC circulando en Barcelona.

El objetivo principal sería evitar la emisión de nuevas licencias para estas plataformas en Catalunya, para contrarrestar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del año pasado que eliminó las restricciones previas.