En una reciente reunión del Partido Popular Europeo (PPE) sobre la crisis de la vivienda celebrada en Badalona, el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, no escatimó críticas hacia el Gobierno central, acusándolo de no realizar las inversiones necesarias y de tomar decisiones que sólo abordan el problema a corto plazo, lo que ha llevado a un grave deterioro en el mercado de viviendas.

Durante su intervención en el evento, Albiol destacó la falta de protección legal en casos de impago de alquiler y la problemática de la ocupación ilegal como los principales obstáculos que enfrentan tanto inquilinos como propietarios. Según sus datos, los procedimientos judiciales para recuperar una vivienda pueden extenderse entre un año y medio y dos, lo que provoca que muchos arrendadores eviten arrendar a jóvenes por miedo a perder sus propiedades.

El alcalde enfatizó que las políticas actuales, impulsadas desde el Gobierno, han fallado al obstaculizar la construcción y disponibilidad de alquileres. Para Albiol, es esencial reformar estas normas ineficaces y devolver la confianza a los propietarios, para que puedan ofrecer más opciones de vivienda sin temor a los problemas legales que surgen de los impagos.

Además, Albiol propuso que la solución a la crisis de la vivienda no debería ser vista como una cuestión de privilegio, sino como un derecho fundamental que debe ser garantizado por todas las instancias, desde las administraciones locales hasta las instituciones europeas. Insistió en que no existen soluciones instantáneas, pero sí hay enfoques realistas que pueden implementarse de manera efectiva.

La presidenta del PPE en el Comité de las Regiones, Sari Rautio, también hizo hincapié en la necesidad de que Europa tome un papel activo en la creación de soluciones para la crisis de la vivienda. Propuso una reforma normativa que amplíe el acceso a viviendas sociales y defendió el empoderamiento de las localidades y regiones, argumentando que son ellas las que mejor comprenden las necesidades de sus ciudadanos.

Rautio subrayó la importancia de proteger la propiedad privada, afirmando que este derecho es fundamental para asegurar la inversión en las comunidades. Según ella, la ocupación ilegal no solo perjudica a los propietarios, sino que también socava la justicia social, por lo que es crucial actuar con firmeza para salvaguardar los intereses de las familias y empresas locales.

En cuanto al Pacto Verde europeo, Rautio advirtió contra la posibilidad de que este se convierta en un obstáculo para encontrar soluciones eficaces en el ámbito de la vivienda. Abogó por que los fondos europeos sean accesibles y orientados a fortalecer a las autoridades locales y regionales, promoviendo innovaciones que reduzcan costes y fortalezcan la cohesión social.

Finalmente, Rautio defendió que las regiones y ciudades no deben ser vistas como actores secundarios, sino como líderes esenciales en la formulación de políticas relacionadas con la vivienda, resaltando la necesidad de fomentar alternativas como las cooperativas de viviendas que aporten soluciones sostenibles al problema habitacional que enfrenta Europa hoy en día.