El 29 de mayo, en Girona, se llevó a cabo una reunión del Consejo Comarcal de la Cerdanya, que abarca a 17 municipios de la región. Durante este encuentro, se aprobó una moción que solicita la continuidad de la presencia de la Guardia Civil en el área. Este pedido fue respaldado por la asociación policial Jucil, que se reunió previamente con el Consejo.

El presidente del Consell, Isidri Chia, fue quien impulsó la propuesta, sugiriendo que se extienda a otras comarcas como Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran y Ripollès. En su declaración, expresaron su oposición a la eliminación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, argumentando que esto podría resultar en una reducción considerable de la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con el medio ambiente.

Desde Jucil, se ha señalado que el partido Junts está al frente de esta iniciativa, advirtiendo que la reducción de la presencia del Instituto Armand en la zona podría resultar en un aumento de la contaminación y una disminución en la protección de los espacios naturales. Esto, a su vez, podría facilitar actividades ilegales como la caza furtiva.

La moción también expresa su desacuerdo con la transferencia de competencias de los servicios de Intervención de Armas, así como de Fiscal y de Fronteras, considerándola una parte esencial de las funciones de la Guardia Civil. Según la moción, los agentes especializados tienen un papel fundamental en el control del tránsito de personas y vehículos en las fronteras, y son clave en la lucha contra el contrabando de mercancías, el tráfico de armas, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.