Un reciente informe de la organización Ecologistes en Acció ha revelado que, a pesar de que el 64% de los catalanes estuvo expuesto a aire contaminado por encima de los límites legales en 2024, la calidad del aire en Catalunya ha mostrado signos de mejora en comparación con los años previos, incluyendo el período anterior a la pandemia de Covid-19.

Este estudio, publicado el 23 de junio, evalúa la calidad del aire a partir de datos obtenidos de 790 estaciones de monitoreo en toda España, de las cuales 110 se encuentran en Catalunya. Las conclusiones del informe subrayan que 5,2 millones de ciudadanos en la región fueron víctimas de niveles de contaminación que superan las nuevas directrices establecidas por la Unión Europea.

Entre sus hallazgos más relevantes, los ecologistas destacan la disminución notable de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), así como de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, observándose reducciones que van del 14% al 56% en comparación con las cifras medias del lapso 2012-2019.

El informe se basa en los límites establecidos en la reciente Directiva europea 2024/2881, que debe cumplirse antes del año 2030. Según estos nuevos parámetros, se estima que casi dos tercios de la población catalana respiraron aire contaminado en 2024.

Si se consideran las regulaciones actuales, se reporta que solo 185.000 personas en la Plana de Vic y en el Prepirineo superaron los límites legales establecidos. En cuanto a la vegetación, se estima que 3.300 kilómetros cuadrados del territorio catalán se vieron afectados, lo que representa el 10% de su superficie total.

El informe también destaca que 2024 fue un año muy húmedo y el tercero más cálido en España desde 1961, siendo escenario de múltiples episodios de contaminación, especialmente en áreas metropolitanas como Barcelona y Tarragona. Estas condiciones han llevado a los ecologistas a clasificar la contaminación del aire como un problema de salud pública urgente.

Añaden que han pasado más de dos años desde que se cumplió el plazo para que todos los municipios con más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones. Sin embargo, sugieren que las medidas implementadas hasta ahora son ineficaces debido a su accesibilidad reducida.