El acusado de cometer tres crímenes en Barcelona el 20 de enero de 2020 intenta eximirse de su responsabilidad alegando trastorno mental, mientras que su defensa sostiene que no fue él quien los cometió.

Según el fiscal Manuel Sancho de Salas, hay personas que hacen el mal de manera intencionada y sin empatía. El representante de la acusación pública advierte al jurado de que no se debe pensar que alguien que comete actos así lo hace por tener una enfermedad o por estar drogado. Insiste en que se deben probar los hechos y que la defensa debe demostrar de manera contundente que el acusado no era consciente de sus actos.

El fiscal acusa al acusado de matar a la primera víctima con 249 puñaladas en su casa, quemar el piso para eliminar pruebas, matar a una anciana en su portal y apuñalar al periodista y trabajador municipal David Caminada cerca de la plaza Sant Jaume. Ante esto, Sancho de Salas solicita una condena de 95 años de cárcel y descarta la posibilidad de que el acusado no fuera consciente de sus actos debido a drogas o enfermedad mental.

El fiscal también advierte al jurado de que el acusado está manipulando en el juicio, algo que atribuye a su carácter antisocial y falta de empatía.

Sancho de Salas rechaza la versión de la defensa que plantea un trastorno mental como eximente o atenuante. Considera que no hay pruebas suficientes que demuestren que el acusado padecía una enfermedad que lo desconectara de la realidad. Aunque el acusado dio positivo en cocaína al ser detenido, el fiscal argumenta que eso no afectó su capacidad de discernimiento debido a su tolerancia a la droga.

La abogada del acusado, Sònia Argemí, sostiene que su cliente no es el autor de los crímenes y cuestiona la identificación. Argumenta que no se geolocalizó el móvil del acusado para verificar su ubicación en el momento de los hechos y pone en duda la calidad de las grabaciones que lo incriminan. Además, critica que no se haya investigado la relación del acusado con la primera víctima y que no se haya analizado un vaso y un cuchillo encontrados en el lugar donde ocurrió el primer crimen.

Argemí pone en entredicho los argumentos del fiscal sobre el trastorno mental que ella intenta demostrar. Cuestiona si una persona sin alteraciones mentales podría cometer un crimen como el que se le atribuye a su cliente. Sostiene que o bien estaba gravemente afectado por el consumo de cocaína y benzodiazepinas, o bien tiene un trastorno grave de personalidad.