Un reciente escándalo ha emergido en Girona, donde se ha revelado que una agente de la Policía Nacional mantuvo una relación sentimental con un conocido activista independentista durante tres años, información que ha generado gran controversia y debate en la sociedad. La Fiscalía, en un giro que muchos consideran polémico, ha respaldado la infiltración de esta agente en los movimientos sociales de las localidades de Girona y Salt, solicitando a la jueza instructora que desestime la querella presentada por el activista Òscar Campos.

De acuerdo con la querella, a la cual tuvo acceso Europa Press, Campos sostiene que su relación con la agente, llevada a cabo entre 2020 y 2023, fue manipuladora y engañosa. Él argumenta que la conexión que establecieron no fue una mera casualidad, sino una estrategia premeditada en la que la agente ocultó su verdadera identidad y su profesión como policía. Este alegato pone en tela de juicio la ética de la infiltración policial y sus implicaciones en el ámbito de los derechos humanos.

Cabe señalar que Óscar Campos ya estaba bajo la lupa de las autoridades por su posible participación en los cortes de las vías del AVE en Girona durante el primer aniversario de la declaración de independencia de Cataluña. Campos describe la relación con la agente como una trampa, insinuando que su propósito era de naturaleza ilegítima y, por ende, cuestionando la legalidad de la infiltración.

A través de esta relación, la policía supuestamente tuvo acceso a información personal sobre el querellante y entidades con las que estaba asociado, además de asistir a reuniones con sus abogados en un esfuerzo por preparar su defensa en el proceso judicial que enfrentaba. Este detalle añade un nivel adicional de seriedad a la situación, ya que plantea cuestiones sobre la intervención policial en la defensa legal de un ciudadano.

En este contexto, la Fiscalía ha respondido a las acusaciones en un documento donde argumenta que la querella no menciona el uso de "medios ilícitos" por parte de la agente al iniciar y mantener la relación con el activista. Según afirmaron, esta conexión se desarrolló con el consentimiento explícito de ambos y sin coerción. Aun así, esto ha provocado un fuerte debate sobre la ética de tales tácticas por parte de las fuerzas policiales.

La Fiscalía también se refirió a la asistencia de la agente a las reuniones legales de Campos, subrayando que su presencia se debió a su condición de pareja y que esta acción se realizó con el conocimiento de Campos. No obstante, la cuestión de la revelación de secretos sigue siendo un punto crítico, ya que la Fiscalía argumenta que la agente actuó en el marco de una "misión" asignada, sin haber obtenido información más allá de lo que se esperaría en una relación personal.

La infiltración de la agente se realizó, según la Fiscalía, con el objetivo de prevenir acciones consideradas "radicales y violentas" dentro del movimiento secesionista, incluyendo la participación en manifestaciones no autorizadas y conductas de sabotaje. Esta justificación reabre el debate sobre la legalidad de las tácticas de infiltración y el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales.

Aunque la figura del agente encubierto está contemplada en la normativa española, la Fiscalía argumenta que no es la única circunstancia en la que un agente puede ocultar su verdadera identidad. En un contexto de lucha contra el crimen, se defiende que estas acciones están legitimadas siempre que no se busque obtener pruebas para un procedimiento penal, lo que podría complicar aún más el caso.

El análisis de la Fiscalía también establece que no hay evidencia suficiente para comprobar la existencia de delito en lo que respecta a lesiones psicológicas. Se determina que no existe un vínculo directo entre el estado emocional del activista y la supuesta ocultación de la identidad de la agente, sugiriendo que sus problemas emocionales podrían originarse de la ruptura de la relación, y no de la conducta de la policía.

Además, el reciente auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que desestimó un recurso similar de otro policía encubierto, añade más complejidad a este asunto, dado que se estableció que dicha infiltración no tenía justificación penal adecuada. Esto podría sentar un precedente acerca de la legitimidad de tales prácticas en el futuro.

Desde el ámbito legal, el abogado de Òscar Campos, Benet Salellas, ha expresado su firme convicción de que las acciones de la policía constituyen un delito que merece una investigación judicial. Salellas sostiene que cualquier resolución que no contemple una instrucción judicial sería una manifestación de injusticia y desvío de la legalidad penal. En sus palabras, existe una expectativa legítima de que la jueza considere la querella de manera profunda y justa.