España ha alzado la voz en Bruselas, manifestando su desacuerdo con la reciente decisión de los ministros de Transporte de la Unión Europea. Este jueves, se llegó a un acuerdo que modifica el reglamento sobre derechos de los pasajeros, el cual limitara la gratuidad de equipaje a solo aquellos artículos personales que quepan bajo el asiento, como mochilas o bolsos. España, junto a otros países como Alemania, Eslovenia y Portugal, votó en contra de esta medida, argumentando que resulta insuficiente e injusta para los viajeros.

Durante las negociaciones, los representantes españoles expresaron su preocupación respecto a la definición de "elementos personales" permitidos a bordo. Sostienen que esta redacción deja la puerta abierta a que las aerolíneas cobren a los pasajeros por cualquier bulto que no encaje en la estricta categoría definida por el reglamento, esencialmente penalizando a quienes llevan más de lo estrictamente permitido en la cabina.

Desde el lado europeo, se argumenta que corresponde a cada aerolínea decidir si permite o no que los pasajeros lleven una pequeña maleta sin cargos adicionales. Este aspecto, según las fuentes institucionales, está más allá del alcance de la nueva legislación europea.

Las complicaciones en la capacidad de los distintos modelos de aviones también se señalaron como un factor que dificulta la estandarización de ciertas medidas de este reglamento. Mientras tanto, se dejó claro que las directrices deberían venir primero de organismos internacionales de seguridad aérea y no de los gobiernos europeos.

En otro aspecto del acuerdo, se decidirá que los pasajeros podrán reclamar compensaciones ante retrasos de vuelo que se den a partir de 4 y 6 horas, dependiendo de la distancia. Anteriormente, los derechos de los pasajeros comenzaban a partir de 3 horas, tal como había dictado el Tribunal de Justicia de la UE, que establecía indemnizaciones que oscilaban entre 250 y 600 euros. Con los nuevos umbrales, solo podrán reclamar 300 euros si el retraso es de al menos 4 horas en vuelos cortos y 500 euros si pasa de 6 horas en vuelos más largos.

Recientemente, en un esfuerzo por ganar apoyo para la aprobación del reglamento, se sugirió introducir una compensación a partir de 3 horas para aquellos pasajeros que tuvieran un vuelo de ida y vuelta en menos de 24 horas. Sin embargo, esta propuesta fue retirada ante la oposición de delegaciones que inicialmente respaldaban la reforma.

La organización de consumidores BEUC ha criticado duramente estos cambios, destacando que la mayoría de las demoras suelen estar en el rango de 2 a 4 horas, lo que dejaría a muchos pasajeros sin la opción de reclamar compensaciones en caso de que el reglamento se implemente tal y como está redactado.

El director general de BEUC, Agustín Reyna, ha señalado que, aunque se presentan avances teóricos, como un mejor acceso a información en situaciones de cancelación o retraso, la reforma en sí representa un retroceso en derechos fundamentales para los pasajeros.

Este nuevo acuerdo también establece que las aerolíneas deberán proporcionar un formulario que permita a los pasajeros gestionar automáticamente su indemnización en escenarios de cancelación. Además, si la reubicación no se realiza en un plazo de tres horas, los pasajeros podrán organizar su reubicación y reclamar hasta un 400% del coste del billete original.

Los pasajeros tendrán derecho a reclamar el reembolso de comidas y bebidas durante retrasos o cancelaciones, así como indemnización en caso de que se cancele su vuelo con menos de 14 días de aviso o si se les niega el vuelo de vuelta por no haber utilizado el de ida.

El ministro de Transporte de Polonia, Dariusz Klimczak, quien actualmente preside el Consejo de la UE, ha enfatizado la importancia del acuerdo, describiendo el proceso como un compromiso necesario, aunque reconoce que no todos estarán completamente satisfechos.

A pesar de que el acuerdo ha avanzado, los votos en contra de España, Alemania, Portugal y Eslovenia subrayan la inminente preocupación de que se está produciendo un retroceso en los derechos de los viajeros. Austria y Estonia se han abstenido, mostrando su descontento pero sin desear bloquear el progreso del acuerdo.

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes de España, ha manifestado su oposición a esta propuesta, advirtiendo que mejorar los umbrales para indemnizaciones representa una línea roja y que esta decisión claramente perjudica la posición de los pasajeros.

El marco legal en discusión sigue siendo un punto crítico, sobre todo en lo que respecta a las exenciones de indemnización que pueden invocar las compañías aéreas por razones técnicas. Santano ha instado a que se establezcan definiciones jurídicas claras para impedir abusos que desvirtúen el deber de compensación.

Durante el debate, se destacó la urgencia de aprovechar las nuevas dinámicas surgidas en las últimas semanas para avanzar en una reforma que se considera necesaria para abordar las lagunas existentes en la legislación para pasajeros, que muchos consideran anacrónica.

Desde que la Comisión Europea presentó su propuesta en 2013, han pasado más de diez años, y el comisario de Transportes ha mostrado cierta flexibilidad para encontrar un punto medio, aunque reconoce que la propuesta actual no satisface todas las expectativas de Bruselas y puede dificultar su implementación.

Con el apoyo de los Veintisiete, el texto será ahora enviado al Parlamento Europeo, donde puede ser aprobado, rechazado o modificado, abriendo la puerta a nuevas negociaciones sobre posibles enmiendas.