En un caso que ha sacudido a la ciudad condal, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los 3 años y medio y 9 años para un grupo de diez acusados, quienes presuntamente conformaban una organización criminal dedicada a la renta irregular de inmuebles en Barcelona. La acusación sostiene que estos individuos utilizaban documentación falsificada para aparentar solvencia económica, llevaban a cabo reformas en las propiedades sin el conocimiento ni consentimiento de los propietarios y subarrendaban los hogares como apartamentos turísticos, todo ello sin contar con las licencias correspondientes.

El juicio ha dado inicio este lunes ante la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, trasladándose a la sala de la Ciutat de la Justícia debido al significativo número de acusados y defensores. Durante esta sesión inicial, centrada en cuestiones previas, se presentaron argumentos de “cosa juzgada” por parte de dos defensas, quienes pretenden convencer al tribunal de que sus defendidos ya han sido condenados por hechos que forman parte del actual proceso. Sin embargo, la Fiscalía considera estas sentencias como indicativos adicionales de la actividad delictiva del grupo.

Los delitos que se juzgan corresponden a un período que abarca desde 2017 hasta 2020, según el escrito de acusación de la Fiscalía, que sostiene que el grupo actuaba en común acuerdo, distribuyendo los beneficios de acuerdo a los roles que desempeñaban dentro de la organización criminal. Aparentemente, los diez acusados, uno de ellos presente por videoconferencia, se hicieron pasar por arrendatarios legítimos de propiedades que se ofrecían en renta, empleando documentación alterada con el fin de demostrar capacidad económica ante los propietarios.

Una vez logrado el alquiler, se producían impagos tras el pago inicial de la fianza o la primera mensualidad. Posteriormente, el grupo procedía a realizar obras sin el consentimiento de los dueños, incrementando así el número de habitaciones para subarrendarlas con fines turísticos en populares plataformas en línea. Es relevante destacar que todo este entramado se llevó a cabo sin la debida licencia, lo que supone un flagrante incumplimiento de las normativas locales.

El daño ocasionado se hizo evidente cuando los propietarios, tras descubrir la situación, intentaban recuperar sus inmuebles, solo para encontrarse con un ambiente intimidante promovido por el grupo. Según la fiscalía, estos sujetos no dudaron en incitar el miedo entre los propietarios, quienes eran sometidos a constantes presiones por parte de los ocupantes ilegales, que incluso llegaron a alertar a los Mossos d'Esquadra o la Guardia Urbana, mostrando documentos falsificados y solicitando la expulsión de los legítimos dueños.

En la cúspide de esta organización se encuentran un padre y un hijo, así como dos mujeres que actuaban como las cabecillas, a quienes la Fiscalía responsabiliza de la gestión de las reformas y del manejo de la totalidad de las propiedades involucradas, así como de la distribución de los beneficios obtenidos. Una de las implicadas había adquirido, junto a su esposo, una sociedad mercantil en 2018, supuestamente con el fin de crear contratos de trabajo que servirían para respaldar su falsa solvencia ante los propietarios de los inmuebles en alquiler.

Los otros acusados se presentan como inquilinos en múltiples contratos, utilizando igualmente documentación manipulada y controlando cuentas donde se gestionaban los pagos de alquileres y fianzas. La Fiscalía acentúa que “ninguno de los acusados ha trabajado en las empresas mencionadas en los documentos presentados”, y se anticipa que comenzarán a declarar como testigos el jueves. El juicio, que se espera dure dos semanas, reanudará sus sesiones el martes a las 10:00 horas, momento en el que se llevarán a cabo declaraciones testimoniales por parte de la policía.

La primera denuncia por estas fraudulentas actividades fue presentada por una dueña de piso el 14 de mayo de 2019, tras una inspección municipal en su propiedad en junio de 2018, que condujo al inicio de un expediente administrativo por alojamiento turístico sin licencia. Durante varios registros realizados el 8 de julio de 2020 a instancias del Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona, se hallaron documentos relacionados con los inmuebles involucrados, contratos de arrendamiento, llaves de más de 20 residencias, dinero en efectivo y documentos de las empresas que presuntamente utilizaban para simular nóminas.

El impacto económico que han sufrido los propietarios es considerable, ya que reclaman más de 600.000 euros en concepto de rentas perdidas y daños causados en las propiedades por las obras que llevaron a cabo sin autorización. La Fiscalía también ha subrayado que, en varias ocasiones, los acusados emplearon amenazas y coacciones contra los propietarios, exigieron pagos a cambio de la recuperación de sus inmuebles y realizaron sucesivas amenazas directas, demostrando así un nivel de violencia y presión alarmantes.

Entre las amenazas destacadas se incluyen comentarios intimidantes como “te vamos a matar, hijo de puta, si no entregas las llaves, te reventamos la puerta”, lo que llevó a uno de los propietarios a ceder y entregar las llaves pese a haber intentado cambiar la cerradura para echar a los ocupantes. Se ha resaltado además que el grupo llegó a instalar cámaras de vigilancia en los pisos turísticos y que, al percatarse de la presencia de los dueños, acudían a los inmuebles para hacerles abandonar el lugar, bajo el mismo tipo de amenazas, así como anunciando que llamarían a la policía para que los propietarios fueran expulsados.

Por todo lo anterior, la Fiscalía ha solicitado condenas que varían entre 3 años y medio y 9 años de prisión por delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental mercantil, múltiples delitos de extorsión y coacciones leves, al tiempo que demanda que los acusados resarzan a los afectados en el monto que se determine tras la sentencia.