Se presenta una propuesta al Govern de Catalunya para destinar anualmente 2.000 millones de euros a la expansión del parque de viviendas disponibles tanto para alquiler como para compra, en medio de la creciente preocupación por la accesibilidad a la vivienda en la región.

Este lunes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, no dudó en criticar la iniciativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de establecer una empresa pública dedicada a la construcción y gestión de viviendas desde la Administración General del Estado (AGE), afirmando: “En Catalunya, no la necesitamos”. Esta afirmación refleja una clara postura en defensa de las competencias autonómicas en materia de vivienda.

Durante una rueda de prensa en la que presentó un documento con las medidas propuestas para aumentar el parque de vivienda pública y de alquiler, Turull destacó que Catalunya ya cuenta con entidades como el Institut Català del Sòl (Incasòl) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aseguró que la llegada de una empresa pública del estado podría ser interpretada como un intento de recentralización de competencias que ya están en manos de la Generalitat.

Con un tono crítico, el líder de Junts exigió que si esta propuesta avanzara legislativamente, debería incluir una cláusula que asegure que no afectará a Catalunya, subrayando que la comunidad autónoma ya tiene competencias exclusivas en este ámbito y funciona adecuadamente con sus propias entidades.

En compañía de figuras destacadas de su partido, como la diputada en el Parlament Glòria Freixa, la diputada en el Congreso Marta Madrenas y el presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, expusieron un conjunto de 25 propuestas destinadas a abordar la crisis de la vivienda. Entre estas destaca la petición al Govern para que asigne 2.000 millones de euros anuales, distribuidos entre fondos propios y recursos adicionales, a través de los presupuestos públicos destinados a este fin.

Glòria Freixa contrastó esta propuesta con el plan de vivienda que actualmente tiene el Govern, el cual asigna 600 millones de euros de fondos de la Generalitat y 500 millones en recursos financieros, sumando así un total de 1.100 millones. La diferencia en la cantidad de inversión destinada a la construcción de vivienda resalta la necesidad de una intervención más robusta por parte de la Administración catalana.

Además, las propuestas incluyen un compromiso para incrementar la producción de viviendas de protección oficial a través de l'Incasòl, con un objetivo de alcanzar las 3.000 unidades al año. También se plantea un aumento significativo en los fondos estatales dedicados a políticas de vivienda, que deberían crecer del actual 0,23% del PIB al menos hasta el 0,45% en un plazo máximo de tres años.

Las medidas propuestas también abarcan la rehabilitación de 25.000 viviendas anualmente, priorizando aquellas que permitan la recuperación de inmuebles actualmente desocupados. A ello se suma la solicitud de reducir el IVA en las obras de rehabilitación al 10% cuando las propiedades se destinen al alquiler de vivienda habitual, con el objetivo de incentivar la disponibilidad de viviendas en el mercado.

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas de protección, Turull exigió que se mantenga la condición de vivienda protegida de manera “inalterable” y que se agilen las tramitaciones necesarias para obtener licencias de edificación y rehabilitación, además de simplificar los planes urbanísticos.

Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo de suelo público para vivienda de protección, la propuesta incluye establecer períodos de concesión y financiación que alienten la colaboración entre el sector público y el privado, asegurando siempre que la titularidad pública del suelo y de las construcciones se mantenga en un estado perpetuo.

Las iniciativas no se limitan a la producción de vivienda, sino que también abogan por medidas de apoyo al alquiler, especialmente para los jóvenes, y proponen que las administraciones locales tengan mayor capacidad para implementar políticas fiscales que promuevan el acceso a la vivienda. Así mismo, se requiere la creación de una ley de alquiler de temporada y habitaciones en Catalunya para prevenir fraudes en este tipo de contratos.

Sobre seguridad jurídica, la diputada Marta Madrenas defendió la necesidad de establecer un sistema de avales que proteja a los propietarios que alquilan sus viviendas, excluyendo a grandes tenedores como entidades financieras o fondos de inversión de este mecanismo de protección.

En un contexto más amplio, se solicita una modificación de la ley procesal penal que permita la recuperación inmediata de la posesión de viviendas ocupadas ilegalmente. Adicionalmente, se propone una evaluación anual de las denominadas Zonas Tensas, y una revisión del concepto de 'gran tenedor' y las normativas que les son aplicables.

Desde el Parlament, se subraya la importancia de crear una ponencia conjunta para redactar una ley de vivienda específica para Catalunya, dejando claro que “ya no valen recetas que se han demostrado equivocadas basadas en maniqueísmos ideológicos que no aportan soluciones”, según los partidos que lideran esta iniciativa.

Por último, Junts no solo se enfoca en las propuestas mencionadas, sino que también planean promover otras iniciativas en la Cámara catalana relativas al alquiler de temporada y de habitaciones, así como a las propiedades de uso turístico. Asimismo, se han dirigido al Gobierno central para solicitar la transferencia a los municipios y a la Generalitat de todos los terrenos residenciales y de propiedad de la Sareb, en un esfuerzo por potenciar la oferta de vivienda en Catalunya.