En Barcelona, el pasado 24 de enero, la presidenta de la Comisión Mujeres Abogadas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Olga Arderiu, ha expresado su descontento con la actuación del juez Adolfo Carretero, quien preside el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. Esta crítica se origina en el interrogatorio llevado a cabo por el magistrado hacia la denunciante de Íñigo Errejón en un caso de presunta agresión sexual, donde Arderiu enfatizó: “Esta no es la manera de cómo se debe interrogar”.

Las declaraciones de Arderiu se produjeron durante la inauguración de la 'II Jornada sobre feminismo y perspectiva de género en el derecho: Aplicación del principio de igualdad en el Derecho Civil y Derecho Administrativo', un evento celebrado el viernes en la sede del ICAB, al cual asistió también la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.

La presidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas subrayó que existen diferentes formas de realizar un interrogatorio que no revictimicen de manera innecesaria a las denunciantes. Aunque hizo hincapié en su descontento respecto a la actuación del juez, Arderiu también reconoció los significativos avances en el ámbito feminista y en ciertas decisiones judiciales positivas, tales como la resolución que impidió que el hijo de Juana Rivas regresara con su padre, o la condena de la ONU contra España en relación al caso de Ángela González Carreño, afirmando: “Es una trayectoria dolorosa, pero hemos ido avanzando”.

En la jornada, Núria Flaquer Molinas, moderadora de la mesa y diputada de la Junta del ICAB, destacó los esfuerzos realizados por el colegio profesional para promover la igualdad plena de derechos para las mujeres. Señaló que fue durante la gestión de María Eugenia Gay como decana que se instauró la primera Junta paritaria, un esfuerzo que continúa bajo la dirección del actual decano, Jesús M. Sánchez, quien ha logrado un equilibrio con más mujeres que hombres en la institución.

La primera mesa del evento, moderada por la miembro de la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB, Àngels Calàvia Molinero, abordó el tema de la violencia económica. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Martorell, Anna Aranda, afirmó que este tipo de violencia puede manifestarse en cualquier edad o contexto, y no está necesariamente ligada a la situación socioeconómica de las víctimas.

A pesar de esta amplia accesibilidad, Aranda advirtió que ciertas mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia económica, destacando a las migrantes que enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral y a las mujeres con diversidad funcional, quienes pueden ser más susceptibles a estas situaciones de abuso por parte de sus agresores.

La jueza también mencionó la violencia hacia los animales por parte de los agresores como un potencial “comportamiento centinela”, siendo un indicativo inicial de dinámicas de abuso en las relaciones de pareja. Resaltó que la violencia económica frecuentemente precede a la violencia física y coexiste con la violencia psicológica.

Además, enfatizó que los agresores utilizan la violencia económica como un “castigo o represalia”, así como una herramienta de desdén, manipulación y aislamiento social hacia las mujeres, restringiendo sus interacciones y actividades recreativas. En sus propias palabras, describió la forma más atroz de esta violencia como el “sabotaje laboral”.

En el contexto de un debate legal, la jueza indicó que el Tribunal Supremo, en una sentencia de la Sala 2, ha determinado que el “impago reiterado y consciente de la pensión” puede ser considerado un tipo de violencia económica, generando una situación de vulnerabilidad para la mujer.

Por su parte, María Elisa Escolà, abogada y administradora concursal, reafirmó que la ley de la Segunda Oportunidad es “la mejor manera”, aunque no la óptima, para que las mujeres que caen en situaciones de sobreendeudamiento debido a la violencia económica logren escapar de este ciclo desastroso.

Escolà planteó que, aunque existen carencias en el sistema y los juzgados enfrentan un grave cuello de botella —una inquietud que transmitió al conseller de Justícia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler—, la Ley de la Segunda Oportunidad ofrece una vía para mujeres que se han encontrado “sobreendeudadas de buena fe”, remarcar que la violencia económica ejercida por una pareja o expareja es un indicativo de una vulnerabilidad extrema y la posibilidad de recuperación.

Finalmente, la abogada recordó que esta ley está vinculada al derecho y a la dignidad de la persona, previniendo que éstas se vean empujadas hacia la economía sumergida o la exclusión social. La jornada también contempla abordar la violencia institucional y la implementación de la perspectiva de género en la asignación de la custodia, y Arderiu ha anticipado que en marzo se celebrará otro evento enfocado en cuestiones penales.