BARCELONA, 18 de noviembre.

Este martes, el Consell Executiu del Govern ha dado luz verde a una iniciativa que busca impulsar la vivienda en los municipios más pequeños de Catalunya. La Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) será la encargada de establecer una bolsa de viviendas en áreas rurales y ofrecerá subvenciones para la rehabilitación de propiedades y edificaciones en desuso, con el objetivo de recuperar aproximadamente 100 viviendas al año hasta 2029.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, presentó los detalles de esta iniciativa tras el anuncio inicial del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el I Encuentro de Municipios Rurales celebrado en Sant Fruitós de Bages el pasado sábado. Este evento sirvió para discutir el despliegue del Estatuto de Municipios Rurales, que fue aprobado a finales de julio.

Este Estatuto contempla medidas de apoyo dirigidas a 608 de los 947 municipios de Catalunya, que son aquellos con menos de 2.000 habitantes, así como a aquellos de comarcas limítrofes con baja densidad de población o un crecimiento negativo. Incluye una categoría especial para municipios de menos de 500 habitantes, destinados a su protección.

Paneque subrayó que este enfoque político reconoce la importancia de las áreas rurales en la garantía del derecho a la vivienda. Se prevén múltiples acciones destinadas a revitalizar estos municipios y fomentar el arraigo de sus habitantes a través del acceso a una vivienda digna.

Se prevé la creación de una bolsa de vivienda rural a través de la AHC, que facilitará la movilización de viviendas vacías en colaboración con los consejos comarcales, además de ofrecer ayudas para la rehabilitación de viviendas y equipamientos.

En concreto, se destinarán 20 millones de euros en subvenciones hasta 2029 para rehabilitar antiguos colegios y propiedades particulares que no estén en condiciones óptimas, con el fin de utilizarlas como vivienda habitual o alquilarlas a precios asequibles y regulados por un periodo mínimo de 10 años.

La administración tiene como meta rehabilitar hasta 100 propiedades anualmente en estas localidades, bajo un formato de subvención con cofinanciamiento.

A pesar de estas iniciativas, el Govern ha reconocido que el éxito de estas medidas depende en gran medida de la aprobación de nuevos presupuestos, que aún no han sido negociados con ERC y Comuns, quienes han planteado exigencias en materia de financiación y políticas de vivienda.

Otro de los desafíos identificados por el Govern es la dificultad que encuentran los ayuntamientos en la gestión de trámites relacionados con la vivienda, debido a la falta de recursos y personal. Para abordar este problema, se creará un equipo de seis profesionales formado por arquitectos, ingenieros y juristas, a través del Incasòl, para brindar apoyo exclusivo a los consistorios y consejos comarcales de estas zonas rurales.

Este equipo asistirá en la tramitación de planeamientos urbanísticos, en la recuperación de núcleos antiguos deshabitados y en la rehabilitación de espacios y viviendas.

El Ejecutivo tiene previsto presentar una nueva Ley de Territorio durante el primer trimestre de 2026 que contemple distinciones en las planificaciones urbanísticas y territoriales para facilitar la gestión en estos municipios. Esta ley deberá adaptarse a la realidad actual, habiendo sido redactada en sus inicios en 2014 sin llegar a aprobarse.

Asimismo, Illa anunció que se está valorando permitir que los ayuntamientos puedan colaborar con la empresa pública Infraestructures de la Generalitat para el desarrollo de sus proyectos. La idea es que puedan adquirir acciones de esta entidad a un precio simbólico, convirtiéndose así en socios y facilitando su participación en la gestión.

Además de estas medidas, se han instaurado reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y se ofrecerán bonificaciones para la regularización de fincas rurales. A partir de 2026, se aplicarán deducciones en el IRPF para quienes se desplacen o adquieran vivienda en un municipio rural, con una proyección de un impacto de 14 millones de euros en los ingresos de la Generalitat.

En un esfuerzo por fortalecer estos municipios, se incrementará la asignación del Fondo de Cooperación Local, beneficiando especialmente a los municipios rurales con un aumento que podría oscilar entre el 10% y el 25% para 2026, lo que se traduce en un incremento total de 9 millones de euros.

Finalmente, el Govern ha establecido como prioridad el despliegue de una red de fibra óptica en todos los municipios de Catalunya antes de concluir la legislatura, con la actual cobertura llegando a 684 localidades.